Aprueban Ley Especial Antiextorsiones

Entre dudas y críticas, aprueban ley especial antiextorsionesFoto: Archivo / ContraPunto

Algunos diputados plantean que el problema principal es que los celulares sigan ingresando a los centros penales

Sentados alrededor de una pequeña mesa de cristal, el escenario parece una reunión de ancestros, pero no, son los diputados de la comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad que, una vez más y por última vez, discuten algunos detalles de la Ley Especial Contra el Delito de la Extorsión que está a punto de ser aprobada.

A pesar de que los detalles y correcciones que los diputados señalan son más de forma que de fondo, no deja de surgir una pequeña trifulca entre los parlamentarios por un artículo que no se termina de entender.

Son casi las cuatro de la tarde del día miércoles 18 de marzo y a poco más de un mes de haber sido propuesta, esta ley que pretende erradicar las extorsiones originadas desde el interior de los centros penales está a punto de ejecutarse.

Según las autoridades de seguridad pública, poco más del 45 por ciento de las extorsiones realizadas en El Salvador provienen del interior de los centros penales debido a que hasta hoy ha sido imposible evitar al cien por ciento la introducción de teléfonos móviles a las cárceles.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, confirmó que sólo en el año 2015 se decomisaron un aproximado de 4 mil teléfonos celulares a los reos de los diferentes centros penales del país, y un número parecido de chips para los mismos.

La ley que en unos minutos se aprobará fue propuesta por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el 11 de febrero y llevada a la Asamblea el mismo día por el ministro Lara. La propuesta con apenas 19 artículos busca, entre otras cosas, tipificar el delito de extorsión como una afectación a la economía nacional, ya no como un daño a una persona de forma individual.

El primero en abrir el debate en las modificaciones de última hora que le están haciendo los diputados es Misael Mejía, del partido FMLN, quien propuso modificar el artículo 9 incrementando de diez a veinte años la pena para los custodios que sean hallado cómplices o autores materiales de una extorsión, ya sea permitiendo el ingreso de celulares o participando de hecho; pero los demás diputados de la comisión calificarán de “desproporcional” la pena solicitada y terminan desestimando la propuesta.

Por otro lado, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, no se cansa de mostrar sus vastos conocimientos en gramática y ortografía, señalando que falta un acento por aquí, una coma por allá, que una palabra está sintácticamente mal escrita y que un verbo está mal empleado en tal parte.

Terminando de afinar los detalles, los diputados dan por finalizada la reunión y están listos para someter a votación la ley en la que muchos salvadoreños han puesto la fe para que ya no les siga siendo cobrada la mal llamada “renta”, una cuota de dinero que pandilleros (en su mayoría) cobran por no perder la vida.

Al salir de la reunión, algunos diputados se dedican a hacer críticas y señalar vacíos de la ley por la cual votarán a favor de que se apruebe minutos más tarde.

“Nosotros lo que esperamos es que funcione y que se aplique la ley, pero lo primero que se debe hacer es que el gobierno cumpla con la parte que se corresponde porque si no lo que estamos haciendo es llenándonos de leyes y sin cumplirlas”, dice por su parte el diputado Ernesto Angúlo, del partido ARENA.

Con el ceño fruncido y una expresión de no estar del todo conforme, Angúlo se para frente a las cámaras de los medios de comunicación y con una expresión como de quién está hablando sobre una tarima, a sabiendas de que miles de salvadoreños escucharán sus palabras, hincha el pecho de aire y deja salir unas cuantas palabras más: “Nosotros estamos dispuestos a apoyar la ley, pero si las autoridades siguen dejando entrar celulares a los centros penales es como que no hayamos hecho nada”.

Aprobación de ley celebrada por el ministro Lara

Cuando un proyecto de ley es sometida a votación en el parlamento, lo primero que se hace es votar en términos generales, lo que quiere decir que se puede o no estar de acuerdo con la ley de forma englobante, aunque se desee hacer modificaciones a un artículo en específico

Aunque la mayoría de artículos fueron aprobados sin intervención de los diputados, el diputado Mejía, del FMLN, no se quiso quedar con las ganas de volver a solicitar incrementar la pena para los custodios que participen en el delito de extorsión, y con 62 votos a favor los diputados aprobaron que se le aplique la misma pena a un funcionario que a un interno que cometa el ilícito.

Otros diputados de derecha también cuestionaron la propuesta de ley, como Edilberto Hernández, también del partido ARENA, quien cuestionó “qué es lo nuevo de esta ley si la mayoría de cosas ya están establecidas en el Código Penal”.

Con 78 votos a favor, de los cuales cinco fueron a mano alzada, los diputados aprobaron de manera general la iniciativa de ley propuesta por el presidente. Suenan los aplausos por todo el Salón Azul y al fondo, el ministro Lara y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, y el subdirector de la misma, Howard Cotto, quieneshan llegado para ver con sus propios ojos cuando se apruebe la ley también celebran.

De inmediato, el ministro Lara y parte de su gabinete se mueven hacia el Salón de los Constituyentes, donde darán su valoración sobre la aprobación de la ley.

“Primero queremos, en nombre de todo el sector Justicia de este país, reconocer que después de la discusión de la que todos fuimos testigos se aprueba esta ley que permitirá que cualquier persona pueda llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), a la PNC o a los tribunales a decir que conoce de un delito de extorsión que se está cometiendo contra cualquier otra persona, es decir que ya no tiene que llegar la víctima a poner la denuncia”, dice Lara con cara y gesto de satisfacción.

Uno de los aspectos que el ministro más ha destacado de esta nueva ley es el que a partir de que entre en vigencia, se permitirá la figura de querellante o representante legal para que quienes son extorsionados no sean re-victimizados si los delincuentes logran identificar a quien los delató.

Otro de los aspectos “innovadores” de esta ley no es la pena contra quienes cometan el delito, que dicho sea de paso, es el mismo que ya establece el código penal, sino que ahora las empresas telefónicas serán las responsables de impedir que se emitan llamadas telefónicas desde el interior de los centros penales.

Antes las críticas recibidas por algunos diputados que señalaron que el Estado “le pasó la papa caliente a las telefónicas”, el ministro Lara respondió también que ellos no han dejado su parte de responsabilidad en la materia, sino que “este nuevo esfuerzo se trata de unificar esfuerzos y repartir responsabilidades”.

El tercer aspecto que Lara subrayó desde el podio es la aplicación de la Extinción de Dominio a las propiedades que los delincuentes hayan adquirido con el dinero obtenido de la renta.

La Ley de extinción de dominio señala claramente en su artículo número dos que el Estado se apropiará de los bienes que sean adquiridos de manera ilícita aunque estos estén fuera del territorio nacional.

Ponen entredicho efectividad de nueva ley

Días atrás, diputados del partido ARENA pertenecientes a la comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad aseguraron haber tenido pláticas con empresarios de telecomunicaciones quienes les habrían mostrado pruebas de que los bloqueadores de señal adquiridos por la Dirección General de Centros Penales son apagados momentáneamente para que los internos puedan realizar llamadas.

El diputado Angúlo en su momento también señaló que los encargados de las empresas telefónicas habían demostrado la existencia de teléfonos satelitales al interior de los penales, con los cuales se estarían realizando extorsiones.

Ahora, casi dos semanas después de esas declaraciones, Angúlo sostiene su posición de que el problema principal de las extorsiones es que los teléfonos celulares siguen entrando a los centros penales

“De qué sirve que se bloqueen las señales en todos los centros penales, si las compañías nos han dicho que es imposible eliminar la señal a un cien por ciento, pero si no hubieran celulares dentro de los penales no habría necesidad de todo esto, hombre, si los teléfonos no nacen adentro del penal”, dice el diputado de ARENA, nuevamente con el ceño fruncido.

Recientemente, cuando el fiscal general de la República, Luis Martínez, cuando intervino en el proceso de formulación de la ley para hacerle algunas evaluaciones, aseguró que el delito de la extorsión en El Salvador ha roto todos los esquemas, al grado tal que las investigaciones señalan que existen cobros de hasta $50 millones cuyo pago se realiza a través de transacciones bancaras internacionales.

Ante este panorama, los diputados, desde sus curules intentan demostrar confianza en el nuevo proyecto de ley en el que miles de salvadoreños han puesto la fe, una ley que podría cambiar la vida de miles que viven a diario bajo el miedo de morir si no pagan $10 diarios, una ley que podría generar más confianza para que la población denuncie, o también una ley que se quede en papel y venga a engrosar el listado aparentemente interminable de leyes que se violan a diario en El Salvador.

Fuente: Diario Digital Contra Punto

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