Instancias. Con los tribunales y la cámara, la Sala de lo Contencioso dejará de recibir todos los casos y estudiará solo los de alto nivel.
Más de 2,000 mil casos están varados. Con estas instancias, la Sala de lo Contencioso solo verá casos de funcionarios de alto nivel.
Cuatro tribunales de lo Contencioso Administrativo y una Cámara Especializada en esa materia con jurisdicción en todo el país comenzarán a funcionar a partir del 31 de enero de 2018, así lo acordó la Asamblea Legislativa luego de aprobar la Ley de la Jurisdicción Administrativa y la Creación de los tribunales Contencioso Administrativo.
Disminuir la mora judicial y descentralizar el trabajo que hace la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hasta el momento es la única instancia donde se ventilan casos relacionados con la administración pública, son algunos de los objetivos que se quieren lograr.
La magistrada que preside la sala, Dafne Sánchez, dice que en esa instancia hay alrededor de 2,400 casos sobre los cuales aún no han dictaminado. Estos expedientes deberán ser finiquitados por la sala.
SALA VA A PASO LENTO CON MORA DE 2,289 CASOS
“Habrá algunos 2,400 casos pendientes de decidir, pero todos se están tramitando y debe tenerse en cuenta que nuestro tribunal tramita el proceso completo, no solo es un recurso de admitir un escrito y decidir al final. Se trata de tramitar todo un proceso con términos de pruebas, audiencias, y la sala ha afrontado esta carga”, aseguró la magistrada de la sala.
A partir de la entrada en vigencia de estos nuevos espacios, en enero de 2018, los ciudadanos que consideren que han sido agraviados con alguna decisión administrativa de parte de una institución del Estado podrán recurrir a estas instancias y solo cuando la cámara dé una sentencia se podrá apelar ante la sala.
De acuerdo con el artículo 14 de la legislación aprobada con 66 votos, la Sala de lo Contencioso conocerá actuaciones relacionadas con el ejercicio de la función administrativa únicamente del presidente y vicepresidente de la república, de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, de magistrados y del presidente de la CSJ.
La petición fue presentada en 2016 por la CSJ. El presidente de este Órgano de Estado, Armando Pineda Navas, señaló que la aprobación de esta ley da cumplimiento a “un compromiso que se tenía con el pueblo salvadoreño a efectos de mejorar la administración de justicia, especialmente en el campo de lo contencioso administrativo”.
Estos nuevos organismos que se crearon con la ley entrarán en vigencia hasta el otro año, pues se le da plazo a la CSJ para que obtenga y capacite al personal que estará recibiendo los casos, para que busque los espacios físicos donde desarrollarán su trabajo y para que todos los costos que generará esto sean incluidos en el presupuesto del próximo año.
Al respecto, Pineda Navas dijo que aún no poseen el dato exacto de los costos que estas nuevas instituciones les generarán, pero que “tomando en consideración lo que cuesta la creación de un solo tribunal, pues tenemos que hacer las valoraciones y solicitar esto en nuestro presupuesto que está próximo a presentarse a Hacienda”.
