Caso. Ocho exfuncionarios son acusados del delito de peculado. El caso lo lleva el Juzgado Séptimo de Instrucción.

Los abogados defensores de los acusados de peculado en el caso CEL-Enel insisten en que este se ha politizado, y que la pasada gestión de gobierno fue la que le cargó ese tinte político. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) mantuvo durante años un diferendo con su socia privada, la italiana Enel, por la mayoría accionaria de LaGeo.

La generadora geotérmica es la única con licencia para explotar el vapor del subsuelo salvadoreño y deja anualmente ganancias millonarias.

Enel recurrió a tribunales internacionales para reclamar su derecho a convertirse en accionistas mayoritarios, según el contrato original con el que se formó LaGeo. Dichas instancias le dieron la razón a la italiana, pero el Estado salvadoreño se negó a ejecutar dichos fallos.

En cambio, se inició un proceso judicial para probar que dicho contrato violó las leyes salvadoreñas y se acusó a una decena de exfuncionarios de peculado, o enriquecimiento ilícito con fondos del Estado. El año pasado se resolvió el diferendo entre CEL y Enel por vía de un acuerdo comercial, pero el caso penal ha continuado.

Francisco Bertrand Galindo, asesor jurídico externo de Enel Green Power, dijo que el caso sobrepasó los límites judiciales cuando el expresidente Mauricio Funes insistió en el tema. “El expresidente Funes dijo que le iba a dar dinero a la Fiscalía para que haga una investigación”, indicó Bertrand Galindo.

Según el abogado, cuando la Fiscalía recibe dinero de parte del Ejecutivo para formar la comisión que investigaría el caso empezó a suceder un “fenómeno perverso”, ya que la FGR debe de ser una institución independiente, y no “el bufete del Gobierno”.

En el Juzgado Séptimo de Instrucción se procesa a las ocho personas acusadas de peculado por este caso.

Arturo Muyshondt, abogado defensor del exministro de Economía Miguel Lacayo y del exdirectivo de la CEL Thomas Hawk, dijo que la acusación de peculado no es coherente.

“Para mí la Fiscalía ha hecho una acusación perversa. Quiero advertir que he hablado con personas de la FGR y dijeron que sabían que el ingeniero Lacayo era inocente”, sostuvo.

El fiscal Luis Martínez afirma que el caso es válido de investigación y descartó que se trate de una persecución política.