La Ley de Firma Electrónica, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en octubre del año pasado, entró en vigencia hoy.

La legislación equipara la firma electrónica a la firma autógrafa en las transacciones realizadas mediante las aplicaciones de la tecnología de la información, otorgándole así validez jurídica.

Al dotársele a los documentos electrónicos equivalencia con aquellos tradicionales, se favorece principalmente a dos ámbitos: el comercio electrónico, consistente en la compra y venta de productos o servicios a través de dichos medios; y el gobierno electrónico, en el cual se utilizan las tecnologías de la información para realizar procesos internos, prestar servicios estatales a ciudadanos o empresas, así como favorecer las comunicaciones gubernamentales con otros gobiernos del mundo. 

De acuerdo con las autoridades, el nuevo marco normativo reúne varias ventajas entre las que se cuentan el hecho de regular las comunicaciones hechas por vías tecnológicas, promover la implementación de plataformas para transitar hacia un gobierno electrónico, proteger a los ciudadanos que utilizan dichos medios y agilizar y abaratar los trámites.

Con su entrada en vigor, el Ministerio de Economía pasa a ser la Entidad Acreditadora Raíz de Firma Digital, por lo tanto, todas las personas naturales o jurídicas que deseen convertirse en proveedores de certificados digitales, deberán solicitar los requisitos de cumplimiento y acreditación ante las oficinas de la Unidad de Firma Electrónica, adscrita a la Dirección de Tecnologías de la Información, a partir del jueves.

Según Rafael Barrientos, director de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía, actualmente se trabaja en montar la infraestructura de una llave pública llamada PKI, que sería una plataforma que dé respaldo a las firmas electrónicas originadas en El Salvador.

 Las compañías que sean subordinadas al Ministerio de Economía y que provean los certificados digitales deberán cumplir ciertos requerimientos como una alta disponibilidad de infraestructura tecnológica, un reconocido prestigio, estar solventes con el fisco y contar con experiencia en aseguramiento de proceso internos de tecnología de la información.