La modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez podría financiarse con los ahorros de los trabajadores y con la contribución de los salvadoreños migrantes, de acuerdo con los planes que anunció el Gobierno.

“El financiamiento inicial es con fondos de pensiones”, dijo Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP). “Pueden andar esa inversión, más o menos, en unos $100 millones”, agregó.

El fondo de pensiones reúne los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores. Según información oficial, dicho fondo tiene acumulados hasta abril $8,274.69 millones. Este dinero se puede invertir bajo estrictas condiciones establecidas por ley, y actualmente $8 de cada $10 se han invertido en papeles que emiten entidades del Estado y alcaldías.

Según Lorenzana, ya la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra las terminales terrestres, aéreas y marítimas del país, ha comenzado “los trámites” para captar recursos del fondo de pensiones y usarlos para el aeropuerto. Pero Lorenzana no detalló bajo qué figura legal tomaría este dinero, ni la fecha para hacerlo, ni cuánto podrán obtener de rentabilidad los trabajadores que alimentan el fondo.

Las otras dos opciones que mencionó el secretario técnico son el aporte de los salvadoreños migrantes para las nuevas inversiones y también de las “compañías de aviación”.

El Gobierno anterior promovió un asocio público-privado para la ampliación del AIES, pero bajo la gestión de Salvador Sánchez, el APP pasó a segundo plano. Lorenzana no se refirió a esta iniciativa como una opción.

La Unión

El secretario técnico también se refirió a La Unión, otra de las empresas de CEPA que está pendiente de hallar un socio privado para financiar su operación.

El 28 de mayo, la licitación para la operación de esta terminal marítima se declaró desierta por falta de ofertas, aunque había cuatro empresas precalificadas para participar. “Cuatro empresas dijeron que las condiciones económicas de las bases de licitación no les aseguran la rentabilidad económica para hacerse cargo de la operación”, sostuvo Lorenzana.

En este caso, también hay cuatro posibles soluciones que planteó el titular de la STPP. Una de ellas es modificar las bases de la licitación y volverlas aún más flexibles para convocar a una segunda licitación. La otra es una contratación directa, uno de los mecanismos que permite la ley. Luego está la posibilidad de otros inversionistas de Taiwán, Corea o Japón. “No descartamos la posibilidad de que haya nuevos actores”, dijo Lorenzana. Finalmente, se podría pensar en un modelo diferente de APP, pero requiere un estudio previo llamado “valor por dinero”.

En tono de broma, el secretario técnico dijo “si yo le diera la respuesta que quieren escuchar algunos analistas, le diría que es ALBA la que va a ganar la licitación del puerto de Cutuco”. Cabe mencionar que Cutuco era el nombre del puerto anterior y que fue sustituido por el actual.

Los otros países de Centroamérica están en pleno desarrollo de sus terminales portuarias para convertirse en el principal punto de la región. El Salvador es el único que no ha conseguido un socio privado para su terminal.